Todos nos hemos encontrado  con una rotonda con manchas de aceite, o una carretera en estado lamentable de conservación o señalización. Las motos son especialmente vulnerables en estos casos, un mal pavimento o un bache no reparado, pueden causar accidentes con resultados lesivos para la moto y el conductor.

Si circulando en motocicleta a una velocidad adecuada y en la carretera existe un bache profundo que desestabiliza tu moto y te hace caer. ¿Quién se hará cargo de los daños de la moto, la indumentaria que se rompe e incluso las lesiones que pudieras sufrir personalmente?

En este caso es obvio que no existe otro vehículo implicado en el accidente, pero ¿Eres tú como conductor el responsable y el que debe sufrir los perjuicios del mismo? la respuesta es clara: No. La Administración debe responder por la mala conservación y la no señalización correcta de las carreteras. Este tema es especialmente importante en el momento actual, dado que la crisis económica ha desembocado en una descapitalización de las administraciones públicas centrales y locales que han abandonado de forma casi negligente el mantenimiento y conservación de las carreteras.

Calzada en mal estado

Pero, si desgraciadamente te encuentras con un caso así, es importante, como siempre, la actuación inmediata, siempre debemos actuar con celeridad. Lo primero y fundamental es poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, o la autoridad competente en esa vía a fin de que hagan una inspección en la misma. También es importante realizar cualquier otra acción tendente a la acreditación del hecho de que la vía se encontraba mal reparada o conservada como fotos, testigos que estuvieran presentes o que conozcan el problema, etc.

Una vez que tenemos las pruebas, debemos presentar una reclamación ante la administración correspondiente, ya sea Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Gobierno Central en el que se reclamen los daños sufridos y se señale el defecto de conservación que ha producido el accidente.

No os quedéis parados,  la administración tiene la obligación de responder a las reclamaciones de los ciudadanos.

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